La infancia es la más afectada por la pobreza. A eso se suma la falta de vacantes para los más pequeños. El rol de los CPI es fundamental. En CABA dan respuesta a 11 mil chicos en situación de vulnerabilidad, desde los 45 días hasta los 3 años.
El 35% de los chicos y chicas de 3 años no van al jardín, en la Ciudad de Buenos Aires. En San Juan, esa cifra llega al 95%. El promedio nacional es del 40%. A pesar de que la escolaridad es obligatoria desde los 4 años, el sistema educativo debería satisfacer toda la demanda de sala de tres años.
“Hay 445.000 niños que no asisten a ninguna oferta oficial de sala de 3 en el país. Sin embargo, como la sala de 3 es universal el Estado está obligado a garantizar el servicio para las familias de los niños que lo demanden”, detalló el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), consultado para este informe. “No existe un dato nacional sobre cuál es la demanda insatisfecha”, aclararon.
En cualquier caso, que no exista esa garantía hoy es un problema para muchas familias que subsisten en base a actividades no formales, englobadas bajo la categoría de economía popular, y encuentran severas dificultades para enviar a sus hijos más pequeños a jardines maternales. En la sala de tres, particularmente, la brecha entre las vacantes que existen y las que se necesitan se está agrandando, advirtieron meses atrás el Cippec y Unicef.
Desde ese Centro confirmaron que “todos los años muchas familias en distintas provincias no consiguen vacantes para los niños de tres años”. En 16 de los 24 distritos, la cobertura no llega al 25%. Si bien la concurrencia a esa sala no es obligatoria, desde 2014 el Estado está obligado a universalizar la oferta de sala de tres para todas las familias que así lo requieran.
“Garantizar la oferta es todavía un desafío. Se necesita un diagnóstico preciso de la distribución y las características de la totalidad de la oferta. Solo así se podrá avanzar en una política integral para garantizar la oferta de vacantes y superar las diferencias de acceso”, señaló Jennifer Guevara, investigadora asociada del programa de Educación de Cippec.
De cualquier modo, advirtió que “no basta con asegurar el acceso” ya que los jardines requieren condiciones materiales, como infraestructura, mobiliario y recursos didácticos, además de “acuerdos sobre los aprendizajes que se esperan promover en los niños y sobre la formación de los profesionales que trabajan con ellos”.
Para Unicef, “asegurar el acceso a un sistema de protección social de calidad desde el comienzo puede hacer una diferencia en el desarrollo de los niños y niñas, y con ellos, de toda la sociedad. Con intervenciones tempranas, las inequidades y disparidades sociales pueden erradicarse”.
Entre 2011 y 2016 el nivel inicial incorporó 202.392 alumnos, lo que implica un incremento del 12,9%. Pero lo que más creció fue la sala de 4, con 104.799 chicos. La de tres abrió apenas 36.972 vacantes nuevas, según el Observatorio Argentinos por la Educación. ACIJ, otra entidad preocupada por el tema, denunció que la falta de vacantes en 2017 en la Ciudad de Buenos Aires se había incrementó un 70% respecto del año anterior. En el ámbito porteño este año quedaron 14.852 niñas y niños de nivel inicial en lista de espera.
El defensor adjunto del pueblo Arturo Pozzali, precisó hace algunas semanas que faltan 128.000 metros cuadrados de salas de jardín para garantizar todas las vacantes en el nivel inicial en la Ciudad. Con la infraestructura que existe hoy, si los 197.976 chicos en esa edad fueran enviados al jardín, unos 95.000 quedarían afuera.
Luego de conocerse esas cifras, desde el Gobierno de la Ciudad respondieron que el 100% de las vacantes obligatorias en las salas de 4 y 5 están cubiertas y que todavía hay un 16 por ciento de demanda insatisfecha en la de 3. Además, se comprometieron a construir 30 escuelas nuevas con salas de 3 años para el 2019.
En CABA, la inscripción a los jardines del Ministerio de Educación se realiza online en octubre, con una instancia complementaria entre diciembre y enero. Si bien las mayores dificultades se encuentran en la sala de 3, este año también quedaron afuera más de 2 mil chicos en el nivel primario y casi 400 del secundario.
La Ley (Nº 26.206) de Educación Nacional aprobada en 2006 configuró al nivel inicial desde los 45 días hasta los 5 años de edad y estableció la obligatoriedad desde el preescolar. Una modificación en 2015 la ubicó en sala de 4. El Ejecutivo Nacional envió en marzo de 2016 un proyecto de ley para poner ese piso en la sala de 3, con acuerdo de las carteras educativas de los 24 distritos. Obtuvo media sanción en Diputados pero en el Senado no avanzó.
Mientras tanto, los centros de primera infancia (CPI), administrados por organizaciones de la sociedad civil, son un complemento fundamental para contener esta realidad. “Hace 28 años trabajamos con familias y especialmente con la infancia más vulnerable en el barrio de Balvanera. En épocas difíciles crece la cantidad de personas que vienen a pedir asistencia. La mayoría son mujeres solas, muchas son inmigrantes de países limítrofes, en contextos de violencia y discriminación, y para subsistir necesitan sí o sí que sus hijos puedan estar en el jardín”, explica Gerardo Mitre, presidente de Fundamind.
Alrededor de 200 niños y niñas son atendidas en el CPI de la Fundación, que además brinda talleres y contención a las familias. Según el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, se necesitan alrededor de 100 CPI para atender a la población de 3 años que demanda vacantes. Hasta el momento hay 76, que albergan a 11 mil niños y niñas. De ellos, 3885 van a sala de tres.
Estos centros apuntan tanto al bienestar del niño o niña que concurre al establecimiento como a su familia. Un informe de Unicef, Cippec y Flacso aseguró que la red de los CPI tiene “una valoración altamente positiva” de parte de las madres y los padres ya que posibilita el acceso a la salud, abordaje social y estimulación temprana y formación desde la primera infancia.
Un 57 por ciento de los adultos consultados afirmó además que esto les permitió buscar trabajo, aumentar horas o reinsertarse laboralmente. “Esto redunda en mayores ingresos para el hogar y, en consecuencia, mayor bienestar para los niños/as”, dice el informe.
- Solo el 32% de los niños de entre 0 y 4 accede a algún tipo de oferta institucional de cuidado, enseñanza y crianza (CEC). El porcentaje se incrementa con la edad: mientras que solo el 3,1% de los niños menores de 1 año asiste a instituciones de CEC, en niños de 4 años este porcentaje alcanza casi el 80%.
- El gran desafío para las políticas públicas para la primera infancia es pensar integralmente las funciones de crianza, enseñanza y cuidado (…), expandir la cobertura y aumentar la calidad de la oferta.
- El enorme déficit en la cobertura afecta especialmente a los niños más pequeños y de sectores más vulnerables. Es necesario garantizar que todas las familias cuenten con la oportunidad de optar por algún formato de CEC.
- La dificultad que tienen estas familias para acceder a instituciones de CEC recarga principalmente a las mujeres y empeora sus posibilidades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo, así como la calidad de sus trayectorias laborales. Esto, a su vez, empeora la calidad de vida de la familia y contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza.
- Además de los desafíos implicados en garantizar la obligatoriedad de la sala de 4 años ,alcanzar la universalidad en la sala de 3 años (como fue dispuesto por la Ley 27.045 en 2014) supondrá importantes desafíos en materia de inversión y ritmo de construcción.
La niñez, principal afectada por la pobreza
Se viene el Día del Niño y muchas familias corren a las jugueterías a gastar lo que pueden para satisfacer materialmente a sus pequeños. En un escenario de dificultades económicas para la mayoría de la población, las cuotas y los ofertones están a la orden del día. Pero hay muchos chicos que están muy lejos de cualquiera de esas realidades.
Según un informe reciente de la Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la pobreza en Argentina viene subiendo, afecta a un tercio de los habitantes y los chicos “son sus principales víctimas”. En total hay unos 8 millones de menores de edad bajo la línea de la pobreza.
El director del Observatorio, Agustín Salvia, subrayó en declaraciones a los medios que “las medidas más fáciles que han tenido los Gobiernos en cuanto a contener el crecimiento de la pobreza fueron programas sociales como la AUH o las moratorias jubilatorias”, sin las cuales “casi se duplicaría la indigencia”, en la que está sumergido alrededor del 6% de la población.
Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, precisó que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes “tienen vulnerados sus derechos sociales”.
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