Juana y los egresaditos forzados de los CPI
El hijo de Juana seguirá asistiendo a FUNDAMIND hasta diciembre. Después tendrá que irse, no porque haya completado su trayectoria, sino porque el Gobierno porteño eliminó para 2027 las salas de 3 de los Centros de Primera Infancia. Su historia muestra el impacto humano de una reforma que reduce la cantidad de niños atendidos y modifica el financiamiento sin garantizar cómo se sostendrán los CPI.
La reunión con las familias de las salas de 2 había terminado. Algunas madres lloraban; otras permanecían en silencio, tratando de comprender cómo reorganizarían sus vidas. Fue entonces cuando Juana se acercó para hablar en privado.
«Qué pena todo esto. Mi hijo y yo encontramos en FUNDAMIND un lugar donde somos escuchados y acompañados. Siempre nos ayudan con mis dos hijos, que tienen CUD. No sé cómo voy a hacer ahora ni si conseguiré una escuela de jornada completa para poder seguir trabajando», nos dijo.
Su hijo seguirá entrando por la misma puerta hasta fin de año, encontrándose con sus docentes y transitando las rutinas que le dan seguridad. Pero en diciembre tendrá que despedirse: no porque haya completado su recorrido ni porque su familia haya elegido otra institución, sino porque el Gobierno de la Ciudad decidió que los CPI ya no tendrán salas de 3.
La pregunta y la angustia de Juana son las de una madre que sabe todo lo que está a punto de perder. Para ella no se trata solamente de conseguir otra vacante, sino de dejar una red que conoce a su hijo, comprende sus necesidades y acompaña a toda la familia.
La preocupación había comenzado con rumores en las redes sociales. Sin información formal y oficial del GCBA, cerca de 20 familias del CPI FUNDAMIND firmaron un petitorio para que sus hijos pudieran conservar sus vacantes y completar durante 2027 la sala de 3 en la institución donde habían construido sus vínculos. FUNDAMIND acompañó el pedido, habló con legisladores que intervinieron en el proyecto de obligatoriedad y presentó las firmas ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
La respuesta final fue que no había vuelta atrás. El Programa CPI ya estaba proyectado para comenzar 2027 con niños de 0 a 2 años, mientras miles de familias debían buscar una vacante en el sistema educativo oficial.
La negativa fue comunicada verbalmente, sin que mediara un acto administrativo formal que explicara la implementación del cambio. Cuando se presentó el petitorio (15 de septiembre pasado), la Ley de Obligatoriedad de la Sala de 3, aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, todavía no había sido reglamentada y contemplaba dos años para una transición gradual y progresiva. Para estos niños, sin embargo, no hubo gradualidad ni posibilidad de elegir.
Una vacante no reemplaza a un CPI
El problema no consiste solamente en encontrar un lugar en una escuela. Una vacante escolar resuelve la inscripción, pero no garantiza una prestación equivalente a la que los niños reciben actualmente en un Centro de Primera Infancia.
En FUNDAMIND, los niños tienen una jornada completa de ocho horas, alimentación, educación inicial, estimulación temprana, seguimiento de su desarrollo y acompañamiento psicosocial. Sus familias también encuentran orientación, escucha y una red de apoyo que conoce su historia. Todo eso no cabe en un formulario de inscripción.
Durante la reunión, varias madres señalaron que en el barrio de Once existe una sola escuela pública con jornada completa. Para ellas, obtener una vacante con una jornada más reducida o en una institución alejada puede significar no poder continuar trabajando.
En el caso de los niños con CUD o que necesitan apoyos específicos, el cambio exige todavía más cuidado. No alcanza con asignarles una vacante: necesitan una transición individualizada que preserve sus referencias afectivas, sus rutinas y la continuidad de los apoyos. El hijo de Juana no pierde solamente una sala. Pierde un equipo que lo conoce y un espacio que acompaña integralmente a su familia.
Los egresaditos forzados
En diciembre, FUNDAMIND y la red de 74 Centros de Primera Infancia vivirán una situación inédita. Despedirán a los egresados de sala de 3, que completaron su recorrido y fueron preparados para comenzar la escuela. Pero también despedirán a niños de sala de 2 que todavía no debían irse: serán los «egresaditos forzados».
No están egresando: los están haciendo egresar. A los 2 años, un niño no comprende una reestructuración administrativa ni por qué dejará de ver a quienes lo reciben cada mañana. Solo experimenta el cambio de espacio, de compañeros, de rutinas y de adultos de referencia.
La estabilidad y la previsibilidad son fundamentales para su seguridad emocional y su desarrollo neurocognitivo. Una transición abrupta, sin preparación suficiente, puede generar ansiedad y dificultades de adaptación, especialmente entre los niños que requieren apoyos específicos.
Sus familias tampoco fueron preparadas. Ahora deben buscar una vacante, analizar distancias y horarios y reorganizar sus trabajos y redes de cuidado. Una decisión política puede tomarse rápidamente; un niño pequeño y su familia necesitan tiempo para transitarla. Ese tiempo no les fue dado.
Menos niños y el mismo financiamiento
La eliminación de las salas de 3 es parte de un cambio más profundo. El Gobierno porteño concentró el Programa CPI en niños de 0 a 2 años y reemplazó la beca vinculada a cada niño por un sistema de unidades prestacionales (UP). En la práctica, el esquema informado implica menos niños dentro de los CPI, pese a la capacidad instalada de las instituciones, y un subsidio mensual equivalente al actual.
Durante 2026, el aporte del GCBA aumentó apenas un 6% respecto de diciembre 2025, mientras continuaron subiendo los alquileres, los servicios, los seguros y el mantenimiento de los edificios y de los programas que ejecutan los CPI. Hasta el momento, los 74 CPI no recibieron ninguna confirmación sobre una futura recomposición o un mecanismo de actualización de las becas/UP. La brecha entre el costo real de la atención integral y los recursos transferidos por el Estado es cada vez mayor.
El Gobierno cambia la población atendida, modifica el sistema de inscripción, sustituye la beca por niño y reduce las vacantes, pero no explica cómo podrán sostenerse las organizaciones gestoras ni cómo se garantizará una política pública de primera infancia de calidad con recursos que permanecen congelados desde mayo.
En una planilla, un niño puede convertirse en una beca o una unidad prestacional. En la vida real, tiene un nombre, una historia, vínculos y una familia. El hijo de Juana no es una unidad prestacional; tampoco lo son los demás niños que deberán abandonar los CPI a fin de año, ni los bebes que se quedan en los CPI.
La decisión ya está tomada. Ya no hay tiempo para evitarla, pero sí es necesario contar sus consecuencias. La transición gradual prevista no fue la que vivieron y vivirán estas familias; una vacante escolar no garantiza la continuidad de las prestaciones de un CPI y ninguna reforma será sostenible si mantiene congelados los recursos mientras los costos se disparan.
En diciembre habrá dos despedidas. Celebraremos a los niños de sala de 3 que completaron su trayectoria y abrazaremos a los egresaditos forzados de sala de 2, que deberán irse antes de tiempo. Los primeros cerrarán una etapa; a los segundos se la cerraron.
El Gobierno ya respondió que el hijo de Juana y los miles de niños que hoy asisten a las salas de 2 años de los CPI porteños, no podrán quedarse. Lo que todavía no respondió es si abra lugar para todos y quién acompañará integralmente ahora a su familia.
El cuidado de la primera infancia no admite improvisación.
Gerardo B. Mitre
Licenciado en Psicología – Exdocente universitario USAL
Presidente de FUNDAMIND
Contacto: prensa@fundamind.org.ar
