En Argentina, la desaparición de niños, niñas y adolescentes es una problemática persistente que despierta una honda preocupación social y evidencia falencias tanto en el abordaje institucional como en la contención familiar y comunitaria. Cada caso no resuelto es una herida abierta en la memoria colectiva, especialmente cuando se trata de situaciones violentas o que podrían haberse evitado con mecanismos de protección más eficaces.
El más reciente y conmocionante es el caso de Loan Peña, que tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 en un campo de la provincia de Corrientes, luego de un almuerzo con integrantes de su familia y allegados. Algunos de ellos están presos pero el pacto de silencio logró que la noticia se vaya apagando y no haya rastros certeros para la búsqueda de Loan.
Aunque en un principio se pensó en un extravío, las hipótesis actuales apuntan a una posible red de trata de personas. A más de un año, el caso ha generado una profunda indignación pública y ha dejado al descubierto graves fallos en los protocolos de búsqueda.
Otro niño de cinco años, Lian Flores, desapareció el 22 de febrero de este año la localidad cordobesa de Ballesteros. También en una zona rural, el rastro del niño se perdió una tarde y no hubo indicio alguno de su paradero en la zona de unas 18 hectáreas con hornos de ladrillos, pozos y pastizales altos.
¿Qué es el Alerta Sofía y por qué se llama así?
El Alerta Sofía es un sistema de emergencia nacional destinado a difundir de manera inmediata y masiva la desaparición de niños, niñas y adolescentes cuando existe riesgo inminente para su integridad física o vida. Fue creado en 2018 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en articulación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU), UNICEF y otras instituciones. Funciona de forma similar al sistema AMBER en Estados Unidos. Cuando se activa, se difunden datos clave del menor (nombre, edad, foto y circunstancias de la desaparición) en medios de comunicación, redes sociales, paneles electrónicos en la vía pública y, si es necesario, a través de alertas push en los teléfonos móviles.
El objetivo principal es involucrar a la sociedad en la búsqueda durante las primeras horas críticas, que son decisivas para encontrar al menor con vida.
El sistema lleva el nombre de Sofía Herrera, una niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping llamado John Goodall, cerca de Río Grande, Tierra del Fuego. Sofía estaba con sus padres y otra familia, y en un momento de distracción, simplemente dejó de estar.
Desde ese día, no se volvió a saber nada de ella. Su caso sigue abierto y es uno de los más emblemáticos de desapariciones infantiles en democracia. La familia de Sofía continúa buscando respuestas y ha luchado incansablemente para que su historia no quede en el olvido.
La creación del Alerta Sofía es, en parte, un homenaje a su memoria y un acto de compromiso colectivo para que no haya más casos como el suyo.
Este sistema, aunque valioso, no siempre se activa a tiempo ni se difunde adecuadamente, lo que limita su impacto. Para que sea verdaderamente efectivo, debe estar acompañado de una formación sólida en todos los niveles del Estado y de una participación activa de los medios y la ciudadanía.
Robo de bebés e identidades recuperadas
Los casos de niños que son sustraídos, muchas veces ante la inacción de las fuerzas de seguridad y de los poderes públicos, rememoran a algunas de las peores épocas de nuestro país, cuando eran precisamente los poderes públicos quienes robaban y apropiaban ilegalmente a recién nacidos.
En efecto, se estima que hay más de 300 niños que nacieron entre 1976 y 1983 en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y muchos de ellos fueron apropiados ilegalmente por quienes detentaron el terrorismo de Estado en ese proceso.
Con el impulso de distintas organizaciones de la comunidad, centralmente las Abuelas de Plaza de Mayo, se ha logrado hasta ahora la restitución de la identidad de 140 nietos y nietas.
Si alguien nacido entre el 75 y el 83 tiene dudas sobre su identidad y puede contactarse a dudas@abuelas.org.ar o al 11 4384-0983
¿Qué pasa cuando un adolescente se va de su casa?
Si bien en muchos casos de la desaparición de un menor de edad está conectada con alguna hipótesis criminal, hay también situaciones en las que, sobre todo adolescentes, pueden ausentarse voluntariamente del hogar.
Esto es más común de lo que se cree y puede tener múltiples causas: conflictos familiares, violencia, abuso sexual, consumo de sustancias, problemas de salud mental o captación por redes delictivas.
¿Qué debe hacer la familia?
Denunciar de inmediato: La desaparición debe reportarse sin necesidad de esperar 24 ni 48 horas en cualquier comisaría o fiscalía.
Aportar toda la información disponible: Fotos recientes, contactos, redes sociales, amistades, dirección del colegio o lugares que suele frecuentar.
Solicitar la activación del protocolo SIFEBU: El Sistema Federal de Búsqueda de Personas centraliza la información a nivel nacional.
Reclamar acompañamiento estatal: Las familias tienen derecho a recibir orientación y contención por parte de organismos como SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) y equipos de psicólogos sociales.
¿Qué hace el Estado?
Cuando se denuncia la desaparición de un menor, sea cual sea la causa, deben activarse los siguientes mecanismos:
Intervención inmediata del juzgado de familia o penal juvenil.
Comunicación con la Red de Alerta Sofía, si hay indicios de peligro grave.
Notificación a servicios de niñez locales para evaluar el contexto familiar y posible necesidad de medidas de protección.
Difusión masiva en medios y redes sociales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
Es fundamental comprender que aunque un adolescente haya “decidido” irse, no se trata de una fuga sin consecuencias. En muchos casos, estos chicos y chicas terminan en situaciones de extrema vulnerabilidad, expuestos a explotación sexual, trata, abuso, violencia institucional o consumo problemático.
Marcos legales: ¿qué derechos están en juego?
La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece la obligación del Estado de garantizar entornos seguros y de intervenir cuando estos derechos se ven amenazados. Además, la ley reconoce el derecho del niño a ser oído y la obligación de evaluar su situación sin criminalizarlo.
Las organizaciones que cuidan y asisten a la infancia más vulnerable conocen muchos de los riesgos –socioambientales, habitacionales, territoriales- a los que están expuestos los chicos.
“La precariedad en el entorno y en la propia situación que atraviesan muchas familias, con falta de recursos económicos pero también educativos e institucionales, deja a veces expuestos a los más chicos y puede suceder lo peor, lo inexplicable, que es que desaparezca y no saber más de él. Es algo inconcebible que debería movilizar a fondo a la sociedad y sobre todo a quienes tienen responsabilidad pública”, comenta Gerardo Mitre, presidente de FUNDAMIND.
Protocolos claros y accesibles en todas las provincias; formación para policías, docentes y personal sanitario sobre cómo actuar ante estas situaciones; campañas públicas de prevención, educación emocional y escucha activa en contextos vulnerables, son algunas acciones que pueden ayudar a prevenir estas situaciones. Y, por sobre todo, presencia del Estado antes, durante y después de la crisis.
Un caso con condena
Hace pocos días hubo justicia en el caso de Tehuel de la Torre, joven trans de 21 años desaparecido en marzo de 2021. La justicia dio por probado que fue asesinado tras acudir a una supuesta entrevista laboral. Por eso, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género. Aunque su cuerpo nunca apareció, el fallo judicial marcó un precedente importante en la lucha contra los crímenes de odio.
“La desaparición del cuerpo de Tehuel y la quema de sus pertenencias adquieren un carácter simbólico de negación de su identidad”, afirmó en la condena la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.