“Esto salta ahora porque está tocando al mundo del fútbol. Nosotros recibimos cientos de denuncias por día. Casi nadie le da pelota al tema.” Lo dice Roberto Piazza, reconocido diseñador de moda que es titular de una fundación para combatir el abuso infantil y que ayuda también a otras ong, como FUNDAMIND, que asiste a 300 niños y niñas afectados por la pobreza y el VIH.
Fue impulsor de una ley, aprobada en 2011, para volver imprescriptibles estos delitos. Dice que sirve para canalizar muchas denuncias pero que en muchos lugares no se aplica. Hay provincias donde agentes del poder judicial y del poder político prefieren mantener la situación bajo la alfombra.
“Gracias a esta ley, un comisario pudo ser condenado después de violar a una chica durante dos años. Si no, delitos como estos estarían prescriptos. El problema es que las condenas son como mucho a 10 ó 15 años, pero a los dos o tres ya están libres y reinciden en el mismo delito. A la par de las denuncias de abuso, recibimos muchísimas denuncias de mala praxis cometida por abogados y funcionarios judiciales.” En los próximos días, se presentará en el Colegio Público de Abogados la Ley Piazza 2, para endurecer las penas y que sean de cumplimiento efectivo.
De acuerdo con números oficiales, obtenidos a partir de denuncias recibidas en el número 0800-222-1717 -del Programa Las víctimas contra las violencias-, 53 % de los casos ocurren en el hogar donde vive el niño o niña, que en casi la mitad de los casos tiene entre 6 y 12 años. El agresor es, en el 75 % de los casos, un familiar; en cuatro de cada diez, es el padre, aunque en casi todos es un varón adulto. A la hora de denunciar, el 60% de las veces lo hace un familiar.
“Siempre hay que denunciar. Un chico es muy difícil que lo haga. Yo rechacé mi propia situación como víctima de abuso a los 17 años pero estaba aterrado. Todos tenemos que concientizar y estamos obligados a denunciar. No necesariamente lo tiene que hacer la víctima, lo puede hacer el vecino, el portero, la maestra, la hermana. Si vivís en un departamento y ves que pueden estar pasando estas cosas en el de al lado, tenés obligación de denunciarlo”, señala Piazza.
A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufren abuso sexual. En nuestro país, además de la línea 0800-222-1717, resulta vital el sistema de protección de derechos de la infancia. En efecto, leyes y políticas públicas deben entrar en juego para garantizar los derechos de la víctima una vez que la denuncia es recibida.
“El abuso es la instancia más gravosa de maltrato. Lo primero que se hace es intervenir para conocer dónde sucedió. Si fue intrafamiliar o en un ámbito institucional, la manera de proceder es diferente. Hay que ver si el núcleo familiar más cercano está en condiciones de proteger al niño, en ese caso se busca fortalecer ese núcleo y acompañarlo. Cuando el abuso es intrafamiliar, suele ser más complejo y puede ser necesario retirarlo de ese ámbito. Si el abuso ocurrió en una escuela, por ejemplo, se realiza una denuncia penal para investigar la responsabilidad de la persona acusada y otra civil para separar a esa persona del contacto con otros niños mientras avanza el proceso judicial”, explica Itatí Canido, directora general de Gestión de Políticas y Programas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
“Lo que hay que dejar en claro es que los adultos que estamos en contacto con niños somos responsables de detectar las señales de alerta y actuar cuanto antes. Hacer la denuncia es obligatorio. Por eso, son importantes las capacitaciones y el conocimiento del sistema normativo. ”
La Convención Internacional de los Derechos de la Niñez obliga a todos los países firmantes -entre los que está la Argentina- a proteger a sus ciudadanos menores de edad contra toda forma de abuso o violencia sexual. Esto incluye ser alentado u obligado a realizar actividades sexuales ilegales; ser utilizado para la prostitución o ser utilizado para producciones de fotos o videos pornográficos. La CIDN ordena, además, adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de abandono, explotación o abuso.
Estos estándares quedan asegurados, a nivel nacional, con la Ley (26.061) de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y, en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Ley 114. |