En el medio del tira y afloje por la presencialidad en las aulas y en el momento más álgido de la pandemia, otra vez muchos niños se quedaron sin vacantes y otros no pueden sostener la virtualidad, a la vez que hay docentes sin vacunarse, la infraestructura educativa se deteriora cada vez más y el financiamiento es insuficiente para sostener el derecho de los niños y niñas a una educación de calidad.
En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el sistema de inscripción on line, hay al menos 7000 chicos de nivel inicial que quedaron en lista de espera para ingresar a las salas de gestión estatal, al inicio del actual ciclo lectivo.
En realidad, son 19.500 los que quisieron anotarse y quedaron afuera, si se incluyen los que fueron rechazados o suspendida su solicitud por otros motivos, como falta de documentación.
Los que tampoco pueden acceder en CABA a la propuesta educativa pública son otros 3000 niños entre 45 días y 3 años de edad por los que estado paga una beca a los 75 Centros de Primera Infancia (CPIs) pero que aun no participan en ninguna de las modalidades previstas, sean presenciales o virtuales.
Estas cifras surgen de registros y estimaciones propias del sector ya que no hay precisiones por parte de fuentes oficiales acerca de la demanda no satisfecha en materia de educación para la primera infancia. En 2019 la ministra de Educación, Soledad Acuña, había admitido que más de 9 mil habían quedado afuera del sistema, sin contar a los CPI. El gobierno porteño no actualiza la cifra desde entonces pese a que debe hacerlo en función de una presentación judicial realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en 2011.
Cualquiera que sea la cifra que se tome, lo cierto es que la oferta porteña en materia de educación inicial hace varios años es insuficiente para satisfacer la demanda existente de las familias con menos recursos.
Si bien toda la oferta educativa está en falta, el caso de los CPI reviste particular gravedad. De los 75 que están funcionando en toda la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría encuentra serias dificultades para sostener su funcionamiento, que consiste en “garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 3 años, en situación de vulnerabilidad social, brindando atención integral (controles de salud, estimulación temprana, educación, asistencia nutricional, acompañamiento familiar)”, en el marco de una recesión económica acentuada por la pandemia.
La red de CPIs que los nuclea, de la cual dependen cientos de docentes, cocineras, asistentes sociales y otras profesionales, presentaron a la Ministra de Desarrollo Humano y Habitat, Maria Migliore, un diagnóstico de sustentabilidad según el cual “el valor de la beca que reciben los CPIs por cada niño no acompaña los aumentos inflacionarios ni los aumentos definidos en los acuerdos colectivos de trabajo”.
Otras de las dificultades señaladas es que los escasos fondos provenientes de las becas que otorga el GCBA no llegan a todos los CPI dentro de los diez primeros días de cada mes, lo cual obliga a las instituciones conveniadas a pagar en forma tardía todos sus compromisos, incluyendo el pago de salarios al personal que atiende los niños vulnerables. Salarios que, a su vez, son menores a los que se abonan en el área de Educación, a pesar de que las tareas son más complejas e intensas al incluir no solo lo educativo sino también la protección e inclusión social.
En cuanto al estado edilicio de los CPIs, se subraya que en su gran mayoría alquilan casonas que requieren remodelaciones, puestas en valor, reparaciones y nuevas adaptaciones para el trabajo en un contexto de pandemia, pero que los fondos para ese cometido son casi inexistentes y escasos.
Los CPI, finalmente, piden una ley que asegure la continuidad del programa creado por decreto el 7 de abril de 2009, además de un convenio de trabajo específico para regular la tarea esencial y social de los trabajadores de cada uno de los 75 CPIs.
Dicho informe, presentado a la ministra Migliore a finales del año pasado, aún no tiene respuesta satisfactoria y los CPIs siguen realizando su tarea en un contexto de segunda ola de pandemia, sin vacunas y sin el debido apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA.
En el mismo sentido, trabajadoras y trabajadores de los CPI nucleados en el gremio UTE reclamaron medidas sanitarias, entre ellas las vacunas y el mismo sostén que el año pasado otorgó a los jardines privados. “Nos parece loable que el estado solvente la crisis de las pymes generada por la pandemia, pero debe ser de manera equitativa. Es necesario que no solo priorice la educación privada sino también a lxs trabajadorxs que dependemos de sus políticas públicas.”
En una carta dirigida a la gerenta operativa de Primera Infancia en el Ministerio de Desarrollo Humano del GCBA, María de los Ángeles Fava, se identificaron como una mayoría de mujeres a cargo del hogar, con salarios muy por debajo de la canasta familiar y con necesidad de otros trabajos temporarios para llegar a fin de mes. Precisaron que el impacto de una inflación del 36%, el 54% y el 40% en los últimos tres años, respectivamente, se contrarrestaron con unas compensaciones económicas que no superaron el 20% cada año.
Finalmente, pidieron “un plan concreto para resolver el desfinanciamiento o la búsqueda activa del programa de otras alternativas presupuestarias para los CPI” y señalaron que “los gastos del estado a causa de la pandemia no pueden ser motivo para desfinanciar los espacios de la primera infancia, ya que hoy nosotros somos los que la soportamos, los que nos contagiamos, quienes nos exponemos todos los días”.
“La falta de vacantes vulnera el derecho a la educación”
A pesar de que la carta magna porteña y la Ley Nacional de Educación establecen la promoción del “aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral”, el GCBA no termina de dar cobertura total a la demanda existente en ese componente.
Ya hace una década, el Ejecutivo porteño se había comprometido a resolver la falta de vacantes y garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días “a través de un plan de obras sostenido y financiado en el tiempo”, recordó la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que hizo varias presentaciones judiciales en ese sentido.
Esta asociación advierte ahora que, sin embargo, “la situación solamente ha empeorado”, en la medida que el número de niños y niñas que no acceden a vacantes en el sistema público prácticamente se duplicó.
Un punto que resalta y, en parte, explica esta problemática tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura y recursos humanos para sostener el incremento de la demanda. En efecto, según cifras recogidas por ACIJ, el presupuesto 2021 prevé la asignación de recursos más baja de los últimos nueve años para el Ministerio de Educación de la Ciudad y, en particular, para el Programa de Infraestructura Escolar, encargado de ampliar las vacantes: dicho programa proyecta una disminución del 71,8%, en términos reales, con relación al presupuesto vigente al 2020.
“Para garantizar el derecho a la educación de todas las niñas y niños de la Ciudad es necesario una inversión educativa acorde”, sostiene la ACIJ. “La Justicia y el GCBA han reconocido que la falta de vacantes en el nivel inicial vulnera el derecho a la educación de niñas y niños. No obstante, y a pesar del paso de los años, el Gobierno de la Ciudad no logra cubrir ese déficit creciente.”
Así lo evidencia el último Barómetro de la Deuda Social de la Infancia elaborado por la UCA: “Las brechas de desigualdad social se han más que triplicado. En 2019, un niño del estrato trabajador marginal registra 11 veces más chances de no estar en la educación inicial que un par del estrato medio profesional.”
La Defensoría del Pueblo de la CABA también advirtió en las últimas horas sobre la reducción del presupuesto educativo en la Ciudad y cómo impacta desfavorablemente para sobrellevar la pandemia.
“A pesar de que el contexto de pandemia requiere de cuidados específicos, señalados en el protocolo dispuesto por el Gobierno de la Ciudad, no se ha detectado la implementación de partidas presupuestarias para la ejecución de un acondicionamiento adecuado en los establecimientos educativos”, señaló el organismo en un informe sobre infraestructura, mantenimiento escolar y adaptaciones en tiempos de pandemia.
En ese sentido, la Defensoría reveló además que “no se han creado áreas específicas en el ámbito del Gobierno de la Ciudad con el objeto de realizar controles sobre el cumplimiento de las normas de funcionamiento de las escuelas en el actual contexto”.
En CABA también forman parte de la propuesta educativa para la primera infancia los llamados Espacios de Primera Infancia (EPI), que nacieron a partir de la experiencia de los CPIs. Solo hay cinco Espacios de este tipo, cuyo sostenimiento depende de la Secretaría de Niñez de la Nación (SENAF), a cargo de Gabriel Lerner.
“Nuestro convenio venció en agosto 2020 y ahora tenemos que sostenernos con cuotas sociales y la solidaridad de la comunidad, ya que a pesar de trabajar con niños vulnerables de un barrio popular de CABA no recibimos en este momento ningún apoyo ni de Nación ni del Gobierno Porteño. Antes de la pandemia teníamos 114 niños de uno a tres años. Ahora abrimos para 44 niños, con cuatro burbujas de 11 chicos cada una, a pesar de que la demanda es mucho mayor pero no podemos cubrirla”, contó María Laura Ruiz Díaz, del EPI Semillitas de Amor.
Otra modalidad que existe en territorio porteño para cubrir la creciente demanda educativa son los Jardines Comunitarios, que también se ven obligados a cobrar una cuota social pequeña para poder subsistir y hacer frente a los alquileres y salarios de las docentes, ya que no reciben becas departe del GCBA ni de Nación para cubrir esos aspectos. Este año, están absorbiendo con dificultades la presencialidad en los 15 establecimientos que funcionan en distintos puntos de la Ciudad y con serios problemas económicos debido a los escasos fondos que recaudan por las cuotas sociales. “Obviamente necesitamos más ayuda del gobierno porteño, que solo colaboran con alimentos y dos subsidios anuales que son insuficientes”, subrayó Marcela Otero, del Jardin Comunitario Años Felices, ubicado en el barrio de Almagro.
Ante la falta de vacantes, en muchos casos las familias buscan garantizar por vía judicial lo que no consiguen a través de los mecanismos provistos por el Poder Ejecutivo. En enero, un fallo del juzgado Contencioso Administrativo N°2 ordenó al GCBA a otorgar una vacante en un jardín maternal a una niña de un año en un radio cercano a su domicilio, pese a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño había dicho que “el Estado no tenía obligación” de hacerlo.
“El GCBA se encuentra obligado a garantizar el derecho a la educación de los niños desde los 45 días de nacidos”, aclaró el Juzgado.
El artículo 24 de la Constitución porteña dice claramente: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.”
TESTIMONIO DEL CPI FUNDAMIND
“A pesar de la histórica deuda social y educativa de los distintos gobiernos con la infancia, las Ongs apelamos a nuestra constante creatividad y sentimiento solidario. Las personas que –cotidianamente- aportan su esfuerzo solidario en la institución, permite a FUNDAMIND enfrentar la pandemia brindando educación, aún a aquellos niños que no tienen conectividad, además de entregar -desde el comienzo del aislamiento- más de 8000 bolsones que equivalen a 134 toneladas de comida.
Gracias a docentes, trabajadores y voluntarios de la fundación todas las familias continúan vinculadas a la institución. Sin embargo, de los 175 niños que tenemos inscriptos y becados, solo 60 (entre 1 y 3 años) aceptaron las 3 horas diarias de presencialidad estipulada por el gobierno porteño. El resto de los niños siguen con la modalidad virtual. A a las madres no les coinciden los horarios de trabajo o los de la escuela de sus otros hijos, y entonces optan por mantener su trabajo, llevar a la presencialidad a sus otros hijos mayores y tomar la vacante virtual, para asegurarse no solo que sus niños sigan aprendiendo y educándose, sino para recibir su bolsón de alimentos. Mientras tanto, se incrementan los contagios en la segunda ola en docentes, niños y familiares, que obliga a FUNDAMIND a cerrar y abrir burbujas, siguiendo el ritmo de negativos y positivos de los test de Covid y en un contexto de carencias económicas, falta de vacunas y subsidios estatales que son escasos y llegan tarde.
Por otro lado, los pedidos de vacantes al CPI FUNDAMIND quedaron en una lista de espera con 50 niños y tuvimos que suspender las inscripciones por falta de recursos. Esperamos que las autoridades de los Ministerios de Educación y de Ministerio de Desarrollo Social y Habitat y de Educación del GCBA, amplíen la cobertura y su oferta educativa, asignando mayor presupuesto y reconvirtiendo los Espacios de Primera infancia (EPI) y Jardines Comunitarios que atienden niños vulnerables de la ciudad en Centros de Primera Infancia (CPIs), y que estos últimos sean reales Centros de crecimiento, desarrollo y calidad socio-educativa.”
Marisa Mujica, coordinadora del CPI de FUNDAMIND.
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