La agenda electoral apenas dio espacio para debatir sobre las políticas necesarias para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El peligro de desmontar las pocas herramientas que contienen la dramática situación que padece ese sector de la población.
FUNDAMIND hace 33 años que trabaja por la educación, la salud y la alimentación de la infancia más vulnerable.
Hoy, como muchas organizaciones de la sociedad civil, le toca actuar en un escenario por demás complejo: casi el 60 por ciento de los chicos viven en la pobreza, existen serias dificultades para acceder a la atención pediátrica y muchos no tienen vacantes para iniciar el ciclo escolar en el nivel inicial.
Si bien existen herramientas estatales para paliar la situación, en cuatro de cada diez hogares se dejó de comprar algún alimento y los recursos para asignaciones por hijo cayeron un 26% interanual en términos reales.
En este contexto, las organizaciones cumplen un rol fundamental. “Somos la primera malla de contención para miles de familias en cada barrio, pueblo o ciudad donde primero la pandemia y luego la crisis económica y social viene golpeando fuerte. Esto impacta sobre todo en los chicos y es una hipoteca para el futuro del país“, expresa Gerardo Mitre, presidente de FUNDAMIND.
Esta fundación mantuvo una ayuda constante a las familias durante el período de aislamiento provocado por el Covid-19, además de continuar conectado con los 200 niños y niñas que asisten al Centro de Primera Infancia (CPI), ubicado en la comuna 3 de la CABA.
Actualmente, trabaja al lado de cada familia para ayudar a superar distintos obstáculos relativos al acceso a alimentación, hábitat y salud.
No obstante, como todos los centros y espacios de primera infancia, se encuentra ante la dificultad de sostener las herramientas dado que los aportes gubernamentales no alcanzan a cubrir todas las necesidades.
LO QUE VIENE
Este panorama apenas fue puesto sobre la mesa de debate electoral, donde por el contrario emergieron propuestas inquietantes en relación con los derechos de la niñez.
La posibilidad de desestructurar el acceso a la educación pública o incluso la extravagante referencia a intercambiar niños como una mercancía, expresada por una de las fuerzas que quedó competitiva para el ballotage, habla del riesgo de acentuar el drama actual de este sector de la población.
Durante el debate previo a las elecciones generales, el capítulo de educación giró en torno de esta discusión de fondo, con posiciones extremistas polarizando el escenario y evitando abordar necesidades concretas como la infraestructura escolar, las condiciones laborales de los y las docentes y la calidad pedagógica en un mundo en constante transformación tecnológica.
“La educación es un derecho de todas y todos. Tiene que ser pública y gratuita, es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país. Es, además, el instrumento más importante de movilidad social ascendente”, señaló Sergio Massa al tiempo que anunció una suba de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación.
También comprometió la construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infantes y un plan de alfabetización de primero a tercer grado “para que nuestros chicos aprendan a leer y se acostumbren a leer”.
El otro candidato en carrera, Javier Milei, planteó -en el mismo sentido de ofrecer un sistema de vouchers en manos de las familias para asistir a la escuela-, el desfinanciamiento estatal de la salud pública, lo cual agravaría sensiblemente la ya de por sí saturada atención pediátrica.
Entretanto, la utilización de niños en situación de pobreza o indigencia para la industria del delito no tiene por ese lado otra propuesta de resolución que militarizar los institutos penitenciarios y reducir la edad de inimputabilidad de los menores de edad.
Finalmente, las herramientas del Estado que hoy permiten frenar el ingreso de más niños en la indigencia también están bajo amenaza: “Me cago en la Asignación Universal por Hijo, me cago en la educación pública gratuita a la que vos podés asistir, me cago en todos los servicios públicos”, afirmó sin tapujos la diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine.
Esto provocó reacciones de distintos actores del arco político. “La AUH es un derecho, no se puede retroceder en ese derecho, no es un plan o un programita”, señaló la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham.
La defensora informó que en 2022 se registró “un 53 por ciento de niños y adolescentes bajo la línea de pobreza en Argentina” y que dentro de ese 53 por ciento “hay un 16,5 que con políticas adecuadas podría dejar de ser pobre y un 12,5 que, con políticas inadecuadas, está más cerca de la línea de pobreza y puede sumarse a ese 53 y pasar a ser pobre”.
Victoria Morales Gorleri, diputada de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, expresó la preocupación por los dichos de referentes de LLA y alentó a “la defensa de nuestros niños”. La legisladora agregó: “Estamos en un momento bisagra de esta Nación y ojalá todos los que venimos trabajando fuerte por los derechos de la infancia no nos durmamos, nuestros chicos nos necesitan.”
Para organizaciones como FUNDAMIND, es clave poder contar con agentes en los distintos niveles del Estado con los cuales dialogar y co-ejecutar políticas públicas que ayuden a revertir la realidad de millones de niños y niñas.
“Apostamos a que como sociedad podamos construir el consenso necesario para que quien gobierne tenga sí o sí que tomar como prioridad el mejoramiento de las condiciones de vida de tantos chicos y familias que hoy están sufriendo carencias de distinta índole”, señala Mitre.
CABA
El candidato electo a jefe de Gobierno de la CABA, Jorge Macri, consideró que “los derechos de los niños son superiores a los de los adultos”.
Lo dijo en referencia a “organizaciones que llevan chicos al piquete” y agregó que “no hay manera de restablecer el orden si usan a los chicos como escudo humano”.
Aún queda pendiente conocer cuál será su política en relación con el sostenimiento o fortalecimiento de las organizaciones que asisten a la infancia más vulnerable.
El programa de CPI en la Ciudad apunta a garantizar “el crecimiento y desarrollo saludable de las niñas y los niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social, en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos”.
El Programa se encuentra bajo la Dirección General de Desarrollo de Infancias y Adolescencias del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Busca proporcionar un espacio de igualdad de oportunidades, entendiendo que el desarrollo integral comprende a la niñez no solo en la potencialidad de sus competencias y habilidades, sino como sujetos de derechos.
De acuerdo con cifras oficiales, hay más de 11.000 vacantes en 70 Centros distribuidos en toda la Ciudad, de los cuales 19 se encuentran en barrios populares.
“Este dispositivo debe ser fortalecido para que podamos seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Estamos a la expectativa de que el nuevo jefe de gobierno apuntale este programa y nos convoque a trabajar juntos, en un marco nacional donde también se sostengan las herramientas existentes y se sumen más políticas para la infancia en riesgo social”, concluyó el presidente de FUNDAMIND.
10 problemas urgentes
En pleno año electoral, UNICEF realizó un informe para comprender los desafíos más cruciales que hacen aún más evidente la importancia de fortalecer las políticas públicas con impacto directo en la vida de millones de chicas y chicos en Argentina.
Entre las principales conclusiones del relevamiento, figura que:
- 2 de cada 3 experimentan alguna forma de pobreza: monetaria y como consecuencia de estar privados de uno o varios derechos esenciales.
- Más de un millón y medio no tiene acceso a la protección social.
- 6 de cada 10 chicas y chicos son criados con violencia.
- Argentina tiene la tasa más alta de sobrepeso de la región en niñas y niños de hasta 5 años, y transita una triple carga de malnutrición, en la que conviven índices elevados de sobrepeso y obesidad, baja talla y deficiencias de micronutrientes.
- 1 de cada 10 nacimientos corresponden a embarazos de niñas o adolescentes.
- 1 de cada 2 adolescentes en situación de vulnerabilidad no termina la escuela secundaria.
- 8 de cada 10 estudiantes, del último año de secundaria, no alcanzan saberes satisfactorios en Matemáticas.
- 3 de cada 10 adolescentes no están habilitados para votar.
- La licencia por paternidad en el país es una de las más cortas de la región.
- La urgente necesidad de contar con un nuevo sistema penal juvenil que consagre una justicia especializada y promueva la resocialización.
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